El inicio de la controversia: la queja que incomodó a Casa Presidencial
El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por Costa Rica, Alberto Franco Mejía, reveló bajo juramento ante el Ministerio Público que fue presionado directamente por el presidente Rodrigo Chaves tras recibir este una queja de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
La molestia del mandatario salvadoreño, según detalló Franco, se originó por su negativa a respaldar dos préstamos solicitados por El Salvador, lo que derivó en reclamos directos desde la Casa Presidencial costarricense.
Una salida forzada y silenciosa
La situación tomó un giro aún más tenso cuando, en noviembre de 2022, mientras Franco participaba en un evento oficial en Buenos Aires, fue notificado de su destitución del cargo como director del BCIE.
Posterior a su despido, mantuvo un breve intercambio de mensajes con Chaves, donde aprovechó para manifestarle su inconformidad sobre la forma en que manejaba el poder desde la Presidencia. La respuesta de Chaves fue escueta, según Franco: “Gracias, Beto”.
El contrato con la productora que desató sospechas
El testimonio de Franco también aportó contexto sobre el contrato que el gobierno otorgó a RCM La Productora S. A., empresa de Christian Bulgarelli Rojas, con fondos provenientes del BCIE. Dicho acuerdo ha sido cuestionado debido a que los términos de la licitación fueron formulados, presuntamente, por el propio Bulgarelli y Federico Cruz Saravanja —más conocido como “Choreco”—, amigo personal y asesor de Chaves.
Franco fue enfático al declarar que, desde su posición como director en el BCIE, nunca tuvo injerencia en esa contratación ni conocimiento previo sobre Bulgarelli o sobre el proceso que terminó favoreciendo a su empresa.
Las acusaciones formales por concusión
La investigación liderada por la Fiscalía General dio paso a la acusación formal contra Rodrigo Chaves y su ministro Jorge Rodríguez Vives, ambos señalados por el delito de concusión, el cual contempla penas que van desde los dos hasta los ocho años de prisión.
El expediente, que actualmente reposa en la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, plantea que Bulgarelli fue presionado para destinar $32.000 a Choreco, dinero que presuntamente habría servido para la compra de una propiedad.
La ruta judicial: entre la Sala III y la Asamblea Legislativa
Una vez que la Sala III emita su criterio sobre la acusación, será la Asamblea Legislativa la que deberá decidir si retira o no la inmunidad de los altos funcionarios, permitiendo así que el proceso penal avance.
El caso, que ha puesto en entredicho la transparencia en el uso de fondos internacionales, también revela cómo los lazos personales y políticos podrían haber influido en decisiones administrativas de alto nivel.
